La movilización juvenil conocida como la Marcha de la Generación Z, realizada el pasado sábado 20 de septiembre en el centro de Lima, estuvo marcada por una fuerte represión policial que dejó varios periodistas heridos.

Según la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), al menos cinco reporteros resultaron impactados por perdigones y agredidos físicamente mientras cubrían los enfrentamientos en los alrededores de la Plaza San Martín y la avenida Abancay. Entre los afectados se encuentran Jahaira Pacheco y Percy Grados, de Exitosa Noticias, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Rebagliati tras recibir disparos en las piernas mientras transmitían en vivo.

El fotoperiodista César Zamayoa, de Hildebrandt en sus Trece, también denunció haber sido impactado pese a portar credenciales de prensa. Asimismo, Diego Quispe y Gabriel García, de Ojo Público, reportaron agresiones con perdigones y golpes con varas y escudos. El fotógrafo Juan Zapata, de Wayka, aseguró haber sufrido hostigamiento cerca de la sede de la Defensoría del Pueblo.

El despliegue de más de 5.000 agentes policiales en el centro histórico generó críticas en redes sociales, donde se cuestionó que la estrategia priorizó la estigmatización de la protesta en lugar de garantizar la seguridad de los manifestantes. Diversos colectivos denunciaron el uso excesivo de la fuerza, incluyendo gases lacrimógenos y disparos directos de proyectiles, pese a que esta práctica está prohibida.

Frente a los hechos, organizaciones como la ANP, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Consejo de la Prensa Peruana condenaron la represión y exigieron al Ministerio del Interior una investigación inmediata. “El ataque a periodistas constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y la democracia”, señalaron en comunicados públicos.

La PNP, por su parte, negó haber disparado contra comunicadores y sostuvo que su actuación respondió a incidentes de violencia registrados durante la movilización. Sin embargo, las imágenes y testimonios difundidos por los propios afectados contradicen la versión oficial.
La ANP anunció que recopilará las pruebas de las agresiones para presentarlas ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, mientras los colectivos juveniles confirmaron nuevas protestas en los próximos días.